La pandemia actual del COVID-19 generó disrupciones en diferentes aspectos de la economía global. A su impacto sobre la salud de las personas se suman las restricciones impuestas en las diferentes naciones para evitar el contagio, por lo cual el gobierno adquiere un papel sumamente relevante bajo coyunturas como la actual, aplicando política fiscal y monetaria para apoyar a los sectores afectados.
Para la economía costarricense, el sector empresarial es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Por esta razón, desde los Gobiernos Locales se deben implementar programas y políticas públicas, por la atracción de inversionistas a los territorios, la formalización de empresas y el fortalecimiento de estas, así como la digitalización y simplificación de trámites, lo que consecuentemente generaría mayor bienestar colectivo en los territorios.

En el contexto por la Pandemia del Covid 19 y de la crisis socioeconómica que nos toca vivir, no se puede postergar la obligación que asiste al liderazgo político local y a cada uno de los funcionarios municipales a cargo de programas, procesos y proyectos institucionales, de coordinar eficazmente los recursos que día con día se tornarán cada vez más escasos.
Con respecto a lo anterior, se genera un antes y un después del rol de las Municipalidades en la atención de una emergencia. Porque en el marco de la pandemia, los Gobiernos Locales del país se convirtieron en la primera línea de atención por medio de sus capacidades instaladas en los territorios, liderando los procesos de implementación de las medidas sanitarias en los cantones.
Por lo tanto, es de gran importancia, tratar de establecer los mecanismos de diálogo y de coordinación entre los diferentes actores del Gobierno Central, los Gobiernos Locales y la sociedad civil en general, un diálogo constante, donde además de respeten los límites constitucionales de la autonomía municipal, y se proporcionen verdaderos recursos para fortalecer las capacidades municipales, de tal forma que se pueda cumplir con esa deuda histórica del proceso de descentralización de hace varias décadas.

La Ley para a Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839, estableció que las municipalidades reciben la mayor parte de la responsabilidad del sistema de gestión integral de residuos, su optimización y sostenibilidad, las cuales requieren de un esfuerzo articulado entre el sector privado -industrial, comercial, agropecuario, constructivo-, las instituciones nacionales y locales, la sociedad civil y la ciudadanía.
Esta sostenibilidad de los servicios ligados a la GIRS, requieren un esfuerzo de cada administración municipal por contar con la más completa y actualizada base de datos de los usuarios del servicio para repartir mejor los costos, un servicio optimizado en todos sus procesos, una estructura de costos y tarifas actualizada, un sistema de cobros efectivo y una ciudadanía comprometida que paga sus tasas a tiempo, es decir una baja morosidad.

Los Gobiernos Locales en Costa Rica están asumiendo la materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias por medio de la implementación de diferentes instancias y programas sociales (cuerpos de Policía Municipal, Oficinas de la Mujer, Políticas Públicas de Juventud, inversión en arte y cultura, entre otras) para mantener la armonía y la paz social en los cantones del país.
Lo anterior, en estrecha vinculación con diferentes agendas políticas internacionales que han incorporado los gobiernos locales costarricenses, como: “la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la Nueva Agenda Urbana para alcanzar mayor bienestar, paz y sostenibilidad.
También, los Gobiernos Locales tienen un rol estratégico en proyectos de cooperación internacional, como el Proyecto MUEve, el cual consiste en un Plan Sub-Regional de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, y 15 Planes Proyecto dentro del área de influencia del Tren Eléctrico, diseñados y en proceso de implementación involucrando a múltiples niveles de gobierno y actores de la comunidad, del sector privado y financiero

La UNGL desarrolla la constitución de redes específicas a nivel municipal, las cuales aglomera un conjunto de actores, que trabajan de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria en diferentes ámbitos del quehacer de los Gobiernos Locales.