Artículo de opinión publicado en Diario Extra
Las elecciones municipales, pilares de nuestra democracia, cobran un significado trascendental al constituir el escenario donde se definen las autoridades que guiarán el destino de nuestras comunidades durante los próximos cuatro años. Estos comicios, lejos de ser un mero proceso electoral, representan la esencia misma de la participación ciudadana y la construcción colectiva de un futuro más próspero y equitativo.
Al adentrarnos en las elecciones municipales del 2024, nos enfrentamos a desafíos y cambios significativos que exigen una reflexión profunda. La entrada en vigor de la Ley 10.138, limitando la permanencia en el cargo de alcalde o alcaldesa a dos períodos consecutivos, no solo implica una transición de casi el 50% de los 91 gobiernos locales sino que, más crucialmente, representa una oportunidad para la renovación y diversificación de liderazgos locales. Este cambio estructural no solo es un acto de conformidad con la legalidad, sino un llamado a la innovación y la inclusión de nuevas perspectivas para abordar los desafíos locales.
En paralelo, la reciente determinación de la Sala Constitucional, imponiendo la paridad horizontal en todos los puestos de elección popular en los Gobiernos Locales, marca un avance significativo hacia la igualdad de género. Al abarcar alcaldías, sindicaturas e intendencias, esta medida subraya la importancia de garantizar una representación equitativa en todos los niveles de gobierno, reconociendo la diversidad de la población y fortaleciendo así las bases de nuestra democracia.
No obstante, al analizar las elecciones municipales anteriores, se revela un aspecto preocupante: la disminución de mujeres elegidas para puestos de alcaldía en comparación con el periodo anterior. La caída del 14.8% en 2016 al 9.75% en 2020 pone de manifiesto la necesidad urgente de impulsar estrategias que fomenten la participación femenina en la política local. La inclusión de diversas perspectivas de género no solo es una cuestión de justicia social, sino que también es esencial para construir políticas públicas que respondan a las necesidades y aspiraciones de toda la comunidad.
Este proceso es histórico, presenta un escenario político sin precedentes, donde los ciudadanos costarricenses tienen la oportunidad de elegir entre una asombrosa variedad de opciones. Con un total de 6212 puestos en disputa, distribuidos entre 75 partidos, según datos proporcionados por el Tribunal Supremo de Elecciones, este proceso electoral se convierte en un reflejo vívido de la diversidad y pluralidad de la sociedad costarricense. La amplitud de opciones ofrece a los votantes la posibilidad de seleccionar líderes y representantes que sobresalgan con sus valores y aspiraciones, creando así un marco para la verdadera representación democrática.
Estas elecciones municipales no son simplemente sobre la selección del alcalde o alcaldesa. Cada voto también determina la composición de regidores, síndicos, concejales de distrito, intendentes y concejales municipales de distrito, roles que, en conjunto, configuran el entramado de decisiones que impactan directamente en la cotidianidad de la comunidad. Reconocer la complejidad e interconexión de estas responsabilidades refuerza la importancia de una participación ciudadana informada y activa.
Votar trasciende la mera expresión de un derecho; es un privilegio otorgado por la democracia y, al mismo tiempo, una responsabilidad fundamental que moldea la gobernanza, el desarrollo, la competitividad y la dirección de nuestras comunidades. Este acto cívico no solo ejerce un impacto directo en la elección de representantes, sino que también determina el rumbo de las políticas locales, influyendo en la calidad de vida de cada ciudadano. La participación activa en el proceso electoral es esencial para garantizar que nuestras ciudades y distritos se desarrollen de manera inclusiva y sostenible. Más allá de quienes lideran desde las municipalidades, cada ciudadano tiene un rol crucial en la construcción colectiva del progreso.
Al votar, el próximo 4 de febrero, de manera informada y comprometida, cada ciudadano contribuye al desarrollo colectivo, forjando un futuro más próspero y justo para todos los rincones de Costa Rica.
Msc. Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva
Unión Nacional de Gobiernos Locales
